En esta edición trataremos las diferencias entre reserva y seña, términos que muchas veces son considerados análogos, pero que tienen funciones jurídicas diferentes.

En primer lugar, cabe señalar que la reserva inmobiliaria carece de regulación específica en nuestro ordenamiento legal. A pesar de su frecuente utilización con carácter previo a la suscripción de un boleto de compraventa, todavía no se ha legislado al respecto. Es así que la práctica conformó ciertas reglas sobre el instituto bajo análisis. Leer más

Desde el año 2008, los usuarios de gas han recibido las facturas de las empresas distribuidoras con un ítem denominado “costo del gas importado”. Si bien dicho rubro forma parte del total que debe pagarse por el servicio brindado, su legalidad es más que dudosa.

Es así que la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó una acción judicial a efectos de evitar que las compañías de gas cobren el concepto cuestionado, ya que en los hechos se trata de un impuesto y, como tal, sólo puede tener origen en una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Leer más

A partir de este año, la empresa Edenor está aplicando en las facturas de energía eléctrica una modalidad denominada “factor de estabilización”. Mediante su instrumentación, se obliga a los usuarios a pagar un monto similar todos los meses, sin importar el consumo real que hayan efectuado.

La suma a abonar surge de un promedio, que se calcula sobre los últimos seis bimestres. Si el cliente gasta más que el importe estipulado, se le hará un descuento para llegar a ese valor medio. Por el contrario, si utiliza menos energía, se le adicionará un precio para que en los sucesivos bimestres pague lo mismo. Leer más

En el pasado se debatió acerca de los efectos legales del boleto de compraventa. Por un lado se postulaba su caracterización como contrato definitivo de compraventa. Otro sector de la doctrina, sostenía que se trataba de un contrato preliminar. Leer más

Desde actrices o modelos hasta políticos o jueces, pasando por todos aquellos que descubrieron en la web fotos o información que nunca hubiesen publicado, las solicitudes en sede judicial para remover datos personales de los buscadores se volvieron un requerimiento cotidiano. La buena noticia es que en muchos casos los magistrados se pronunciaron a favor de los damnificados.
En nuestro país está vigente desde hace varios años la ley 25.326 de habeas data. Dicha norma regula el uso de los “datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos” para “garantizar el derecho al honor y la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre ella se registre”. Leer más