Los derechos de las víctimas de delitos

Una vez más comienza la semana. Luis se alista para dirigirse a su trabajo. Empieza a caminar las 15 cuadras que lo separan de la oficina. Todo indica que será una jornada laboral como cualquier otra. Sin embargo, algo inesperado sucede. De repente, dos personas que se encontraban a unos metros se acercan y le piden dinero. Luis reacciona tranquilamente porque siempre lleva cambio consigo. Busca en los bolsillos del pantalón pero no logra su cometido ya que siente un fuerte golpe y cae al piso. Uno de los hombres le quita la mochila. El otro toma su reloj. Ambos corren y se alejan. Luis queda dolorido. ¿Qué hacer ante una circunstancia como la descripta?
Para contestar a la pregunta planteada, lo primero que hay que saber es que cualquier víctima de un delito tiene derechos. A pesar de ello, en el sistema penal argentino se instaló una idea central: la persecución criminal es pública. Es decir, que se excluyó a la víctima y se designó a un funcionario público, el fiscal. Por lo tanto, los derechos de la víctima convivirán con el interés colectivo del Estado.
En este sentido, lo que puede hacer Luis es recurrir a distintos lugares a efectos de formular la denuncia del delito que sufrió, a saber: comisaría, fiscalía, juzgado, etc.
Hay 2 formas de denunciar un crimen: relatarle los hechos al funcionario que nos atienda o presentar un escrito con patrocinio letrado.
Respecto a esto último, si bien destacamos que el Estado es el titular de la acción penal, la víctima tiene los siguientes derechos: recibir un trato digno y respetuoso; obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, debiendo anoticiársele la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia de debate; procurar la revisión ante el Fiscal de Cámara Departamental de la desestimación de la denuncia o el archivo; reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del Agente Fiscal interviniente; entre otros.
Además, varios Códigos Procesales regulan la figura del querellante o particular damnificado.
Presentarse de esa forma en el procedimiento le permitirá a la víctima ejercer determinados derechos y facultades de intervención y control que la ley prevé.
Ellas son: solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables, es decir, todas las medidas de prueba que crea convenientes: testigos, documentación, pericias, etc.; asistir a las declaraciones de los testigos durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones; formular requerimiento de elevación a juicio oral e intervenir en esa etapa; activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa; y recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público Fiscal, aún cuando dicho representante no recurra.
Es relevante destacar que la constitución de una persona como particular damnificado no la exime del deber de declarar como testigo en el proceso.
En conclusión, si bien el Estado es el que ejerce la acción criminal a efectos de perseguir el delito, dicha facultad debe complementarse con los derechos de las víctimas.

Autor: Damián Jorge Demirdjian

Artículo publicado en la edición de septiembre del diario “El Talar Noticias”.

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