¿Los comerciantes tienen derechos?

Imaginemos una típica mañana como cualquier otra. Don Rafael se dirige a su almacén para comenzar otro día de trabajo. Pero algo sale mal. Sin previo aviso, llegan a su comercio dos inspectores dependientes de la AFIP. Empieza un interrogatorio. En sólo minutos la situación se torna desagradable. El local involucrado es clausurado.

Para evitar que cualquier jornada laboral termine de esta manera, es más que importante conocer los derechos que tiene el comerciante a la hora de verse involucrado en una circunstancia como la descripta.
Para ello, debemos saber que nuestro país sancionó una ley que regula este aspecto: la número 11.683 de ejecución fiscal. Dicha norma permite a los agentes del fisco ingresar a cualquier comercio o empresa a efectos de solicitar determinados recaudos. Esta modalidad es, en principio, válida. Sin embargo, muchas veces se cometen abusos.

Los motivos más comunes que pueden provocar la clausura de un local son: la falta de expedición de factura y la no utilización de la máquina registradora requerida por la AFIP.

En el caso específico, los inspectores tienen que proceder siguiendo una serie de requisitos. Siempre deben actuar de a dos e ingresar al negocio para corroborar la falta. Muchas veces lo hacen desde la vereda, accionar que no corresponde y puede ocasionar la invalidez del procedimiento. Si el comerciante incumplió alguno de los requisitos legales, los inspectores deben identificarse como tales y labrar un acta en la que consten las faltas encontradas.

Es más que relevante saber que los agentes no pueden cobrar la multa en el momento del operativo.
El comerciante tiene la posibilidad de negarse a recibir el acta. No existen multas adicionales por eso. Días más tarde los inspectores se presentarán de nuevo en el comercio y elaborarán otro documento. En él dejarán constancia de que no se quiso recibir la primer acta y se citará al acusado a una audiencia en alguna agencia de la AFIP para formular su descargo. A partir de ese momento ya no puede desentenderse del proceso en su contra.

Si se admite la culpabilidad, la ley faculta a la AFIP a aplicar como multa el mínimo legal de sanción, que puede incluir una multa económica y la clausura del local en forma momentánea.
En caso de negar la imputación del organismo, se deben presentar las pruebas correspondientes en la audiencia y esperar a que el juez administrativo dictamine.

La cuestión es resuelta por el juez dentro de las 48 horas de efectuada la audiencia de descargo. Desgraciadamente, por problemas internos no se le comunica al comerciante la medida hasta 5 o 6 meses de haber sido dictada la resolución. Mientras tanto, el comerciante podrá seguir trabajando normalmente. Si no apeló la medida, dentro de los 30 días posteriores a la notificación vendrán los inspectores a clausurar el local.

El comerciante tiene 5 días hábiles para apelar la medida. Este procedimiento es llamado “recurso de reconsideración”. Pero, por lo general, sólo sirve para ganar un poco de tiempo ya que en la mayoría de los casos se termina confirmando la sentencia del juez administrativo.

Todavía queda el recurso de apelar ante los jueces del fuero penal económico. Se presenta un escrito firmado por un abogado con las pruebas a favor de los comerciantes. Los jueces tomarán aproximadamente un mes para analizar la causa. Pasado ese tiempo, llaman a las partes para ratificar lo presentado.

Llegar a una sentencia demorará alrededor de dos años. El local no podrá ser clausurado hasta que una resolución, sea administrativa o judicial, quede firme.

Autor: Damián Jorge Demirdjian

Artículo publicado en la edición de enero del diario “El Talar Noticias”.

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