Internet y la protección de datos personales

Desde actrices o modelos hasta políticos o jueces, pasando por todos aquellos que descubrieron en la web fotos o información que nunca hubiesen publicado, las solicitudes en sede judicial para remover datos personales de los buscadores se volvieron un requerimiento cotidiano. La buena noticia es que en muchos casos los magistrados se pronunciaron a favor de los damnificados.
En nuestro país está vigente desde hace varios años la ley 25.326 de habeas data. Dicha norma regula el uso de los “datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos” para “garantizar el derecho al honor y la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre ella se registre”.
La libertad de expresión y el ámbito privado constituyen los intereses en pugna en este tipo de conflictos. Al respecto, cabe señalar que si existe un interés público en difundir ciertas fotografías o información, el Juez puede fallar a favor de la libertad de expresión. Esto puede darse en el supuesto de personalidades que ejercen cargos públicos, siempre y cuando los datos en cuestión se refieran a su actividad oficial.
Los especialistas sostienen que determinar si una imagen o información desapareció del mundo virtual es casi imposible. Por lo expuesto, el objeto de cualquier acción legal será evitar por todas las vías posibles el acceso a esa información perjudicial, a través de su eliminación de los buscadores de Internet.
Para accionar contra el usuario que subió la foto o los datos, se deben tener en cuenta algunos puntos importantes. En principio, hay que determinar si las imágenes fueron tomadas en lugares públicos o privados. No es lo mismo si las fotos fueron obtenidas en un parque o en un domicilio particular. Asimismo, habrá que acreditar la autoría del sujeto que las difundió. Esto último es realmente difícil. Mucho más si se comprueba que la imagen fue subida desde un cibercafé.
En conclusión, lo primero que tiene que hacer el afectado es enviar una carta documento a la página –si es que existe una dirección física para hacerlo- y al buscador. Si no cuenta con ningún dato de contacto, puede dar con la ubicación física de la computadora desde la cual se subió la información a partir del rastreo de la IP (Internet Protocol), que es la etiqueta numérica que identifica a la máquina. Si la intimación por escrito no resulta, el próximo paso es interponer una medida cautelar a efectos de que cese inmediatamente el daño que se está produciendo.

Autor: Damián Jorge Demirdjian

Artículo publicado en la edición de noviembre del diario “El Talar Noticias”.

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