El derecho a una muerte digna

El 9 de mayo del corriente se aprobó en el Senado de la Nación la ley de muerte digna. El proyecto tuvo amplio consenso entre los legisladores. Permitirá a pacientes y familiares restringir los esfuerzos terapéuticos.

Lo primero que debe señalarse, es que el debate iniciado en el Congreso Nacional tuvo como objeto modificar la ley sobre derechos del paciente.

En efecto, se reconoció el “derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”. Entre los fundamentos expresados en el recinto legislativo, se sostuvo que: “La medida apunta a mitigar el dolor y los sacrificios de los pacientes y sus familiares. Se están garantizando derechos y recuperando el rol de arte de curar de los equipos médicos”. También se explicó que: “La intención de la ley es evitar el encarnizamiento terapéutico y respetar la autonomía del paciente para definir su calidad de vida”.

Otro objetivo que se tuvo en mira, fue el de evitar la judicialización de las decisiones médicas, una de las amenazas que suele paralizar a los galenos a la hora de aconsejar a pacientes y familiares el abandono de los tratamientos terapéuticos ante el carácter irreversible de una enfermedad.

Ahora bien, ¿qué procedimientos se podrán rechazar y en qué situaciones? Al respecto, es importante hacer saber que la innovación legislativa se refiere a las cirugías, la reanimación, la hidratación y la alimentación, cuando su único efecto sea “la prolongación en el tiempo del estado terminal, irreversible o incurable”. Se podrá requerir el retiro del soporte vital cuando sea extraordinario y desproporcionado “con la perspectiva de mejoría o produzca un sufrimiento desmesurado”.

Además, cabe destacar que en el caso de una limitación física o psíquica del paciente, la potestad queda, en orden de prioridad, en manos de su cónyuge o concubino (con más de tres años de convivencia), sus hijos mayores de 18 años, sus padres, sus hermanos adultos, sus abuelos o cualquier pariente consanguíneo o por afinidad.
La decisión tomada deberá constar en la historia clínica, luego de confirmarla de manera fehaciente y de corroborar que el paciente conoce los riesgos que implica.

Asimismo, el proyecto sancionado contempla las denominadas “directivas anticipadas”. Es así que toda persona mayor de edad puede dejar documentada su voluntad a través de tales directivas sobre su salud, que deberán contar con la aprobación del médico a cargo.

La expresión de la voluntad deberá realizarse por escrito, ante un escribano público o juzgado de primera instancia, y con la presencia de dos testigos. Sin embargo, se contempló la posibilidad de que el paciente pueda revocar las directivas en cualquier momento.

Por último, debe consignarse que en el proyecto bajo análisis han quedado exceptuadas las prácticas eutanásicas.

Autor: Damián Jorge Demirdjian

Artículo publicado en la edición de mayo 2012 del diario “El Talar Noticias”.

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