Apuntes sobre el caso “Albarracini”

A principios del mes de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que rechazó la transfusión de sangre a Pablo Albarracini, un testigo de Jehová. Los jueces enfatizaron el derecho a la autodeterminación y a la libertad del paciente, que había firmado un testamento vital en el que rechazaba expresamente esa práctica.

Cabe consignar que al momento de la resolución, Albarracini se encontraba en estado crítico, pero había dejado constancia de su voluntad de manera fehaciente mediante directivas anticipadas otorgadas ante un escribano público.

El Alto tribunal falló sin apartarse de la doctrina establecida en 1993 en la causa “Bahamóndez”. En esa oportunidad, se consideró la situación jurídica de un paciente perteneciente al mismo culto, internado en el Hospital Regional de Ushuaia, quien sufría una hemorragia digestiva y se negó a recibir una transfusión de sangre. El Juez de Primera Instancia autorizó a los médicos a que llevaran a cabo tal procedimiento. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ratificó la resolución de la instancia anterior. En sus fundamentos, sostuvo que la postura de Bahamóndez comportaba un “suicidio lentificado” por omisión propia, destacando que el derecho a la vida era un bien supremo. Contra esa decisión, el defensor oficial interpuso un recurso extraordinario, alegando la violación de los artículos 14 (libertad de culto) y 19 (principio de reserva) de la Constitución Nacional.
Los magistrados centraron su argumentación en el respeto por la persona como valor fundamental.

Asimismo, consideraron que desde un comienzo el caso estaba resuelto a favor del apelante, conforme a lo prescripto en el artículo 19 de la ley 17.132 (ejercicio de la medicina), que determina que los médicos deben respetar la voluntad del paciente, especialmente en cuanto a la negativa de recibir tratamiento, señalando que, por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de disponer del propio cuerpo y de la propia vida, en función del principio de reserva.

Subrayaron que el recurrente no buscaba el suicidio, sino mantener sus ideas religiosas, estimando que prevalece el respeto a la dignidad humana, aun cuando ello pueda significar poner en peligro su vida.
Por último, sostuvieron que sería antijurídica una resolución que autorizara a someter médicamente a un adulto capaz en contra de su voluntad, cuando la decisión fuera efectuada con pleno discernimiento, intención y libertad, sin afectarse derechos de terceros.

A diferencia de la época en la que se resolvió el caso “Bahamóndez”, hoy no sólo rige el inciso 3º del artículo 19 de la ley 17.132, sino también el artículo 11 de la ley 26.529 (derechos del paciente), la que recepta claramente el principio constitucional de autodeterminación.

La sentencia del caso “Albarracini” tiene suma importancia porque implica la consolidación de la línea jurisprudencial de la Corte, que privilegia aquel principio.

Sin embargo, en su considerando 18 señaló una restricción a ese derecho en los siguientes términos: “La libertad de una persona adulta de tomar decisiones fundamentales que le conciernen a ella directamente, puede ser válidamente limitada en aquellos casos en que exista algún interés público relevante en juego y que la restricción del derecho individual sea la única forma de tutelar dicho interés”.

El caso “Albarracini” tiene muchos puntos de contacto con el caso “Bahamóndez”. Sin embargo, hay una diferencia destacable, Pablo Albarracini es padre de una hija pequeña.

A raíz de esta decisión, la menor corre el riesgo de quedar huérfana de padre. ¿Supone esto o no la afectación de derechos de terceros? ¿Puede llegar a conformar la afectación de un interés público?

Autor: Damián Jorge Demirdjian

Artículo publicado en la edición de junio 2012 del diario “El Talar Noticias”.

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